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Frente a un enfermedad de tipo terminal el documento de voluntades anticipadas (DVA) o testamento vital es la mejor opción, ya que es una instrucción obligada emitida por la persona y registrada en su expediente sanitario. En los medios hospitalarios también se habla de la planificación de decisiones anticipadas (PDA) (1) o también la planificación compartida de la atención (PCA) son fórmulas de acuerdo entre los profesionales, el paciente y la familia.
No hay duda que es importante que el paciente pueda participar en un proceso deliberativo y estructurado cuando se encuentra hospitalizado, pero la DVA, es una paciente responsable y conocedora de su cuerpo es quién mejor puede saber que quiere o no más allá de la opinión profesional que puede ser acertada.
El fracaso legal del testamento vital
En España, al igual que en otros países, tanto el consentimiento informado como las llamadas «voluntades anticipadas» o testamento vital son una realidad de hace décadas.
El testamento vital es un documento de carácter legal que ofrece todas las garantías para que el paciente sea atendido en el final de vida según sus convicciones y creencias, para ello también se ha designado un representante.
En el Registro Nacional de Instrucciones Previas (finales del 2025) había 336.329 documentos inscritos, o sea una tasa de 7 por cada 1000 habitantes, algo poco significativo. Sin embargo, más allá de las nuevas tendencias que van surgiendo para aplicar en la atención del final de vida, el registro de la planificación asistencial sigue siendo importante.
Lamentablemente, en España, el testamento vital no ha recibido la atención que debería por parte de la administración sanitaria (es desigual según las autonomías). Ante esta realidad, algunos colectivos médicos han empezado a adoptar protocolos alternativos como es el concepto de planificación compartida de la atención o de las decisiones anticipadas.
Este concepto, lo incentiva AEPCA (Asociación española de planificación compartida de la atención) y aseguran es fruto de la evolución de los términos y prácticas que han pasado del living will o testamento vital, a las advance directives (documentos de instrucciones previas o voluntades anticipadas) y advance care planning o planificación anticipada compartida de cuidados y tratamientos.
De las voluntades anticipadas a la planificación anticipada compartida
La escasa penetración de las instrucciones previas, ha planteado desde hace décadas, especialmente, en Estados Unidos donde se iniciaron, buscar nuevas fórmulas. De ahí, a finales de los noventa, principios del 2000, nacen opciones centradas en la mejora de las habilidades relacionales y de los procesos de comunicación entre profesionales sanitarios, pacientes y sus seres queridos, como la llamada planificación anticipada compartida.
La finalidad de esta es la de facilitar aquellas elecciones más adecuadas para el final de la vida para enfatizar la preparación emocional de todas las partes para un mejor afrontamiento de las crisis venideras. Este modelo de acompañamiento, prioriza los procesos a los documentos, ya que busca ser efectivo en ayudar a pacientes y familiares a vivir la enfermedad en cada etapa y a afrontar mejor sus decisiones.
El énfasis se coloca en lo verdaderamente importante, el proceso compartido de decisiones, o lo que en Estados Unidos denominan la Advance Care Planning and End-Of-Life Care (ACP) que empieza a desarrollarse entre el 2015 y 2020. Los promotores de la planificación anticipada compartida argumentan que para que se adecuadamente es interesante que este sea registrado en el formato de un testamento vital.
La toma de decisiones anticipadas compartida
La planificación compartida de la atención sanitaria es un proceso deliberativo y estructurado, pero basado sólo en la obligación deontológica de la observancia. A través de esta, la persona expresa sus valores, preferencias y deseos y, de acuerdo con estos y en colaboración con su entorno afectivo y su equipo asistencial de referencia. Se trata de un acuerdo entre las tres partes que se formula y planifica en el momento presente o con la enfermedad ya en curso. La persona puede estar influida por las circunstancias y que no esté en condiciones de decidir.
En este proceso, la persona enferma expresa sus preferencias para el caso en el que ya no pueda decidir por sí misma, y que por tanto se respeten sus preferencias congruentes con su forma de ser y sus creencias, pero por ejemplo, no está claro que la PCA de opción a aplicar la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (LORE).
La planificación compartida de la atención (PCA) se enmarca esencialmente en el catálogo de derechos de los pacientes y deberes de los profesionales definidos en el marco de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Esta planificación compartida de la atención con el personal sanitario puede incluir la designación de algún representante, así como la elaboración y registro de un documento que refleje los valores y preferencias de tratamiento. Todo ello debiera anotarse en la historia clínica del paciente para que pueda ser consultado por los profesionales implicados en el proceso asistencial.

