El denominado entierro de beneficencia es una obligación legal de la administración pública con el fin de garantizar la salubridad pública y preservar la dignidad de la persona fallecida. Ya que el funeral social es una respuesta solidaria del Estado del Bienestar, que se asume con recursos públicos, este debería ser económico, pero sobretodo ecológico.
La normativa funeraria de España establece que los gastos funerarios son responsabilidad de los herederos o familiares directos del fallecido. Las entidades bancarias tienen la obligación de cargar el coste del funeral en la cuenta del fallecido a pesar que esta queda bloqueada a la espera de la resolución testamentaria.
Por tanto, el coste del funeral en el caso que el fallecido no tenga recursos, pero si tenga bienes, se considera una deuda de la herencia y deben ser asumidos por quienes reciben los bienes del difunto. Sin embargo, cuando el fallecido estaba ya bajo la tutela de los servicios sociales municipales, ya sea por la falta de una red familiar o por insolvencia económica, el tratamiento post mortem del fallecido sin recursos, compete al sistema de beneficencia municipal.
La gestión funeraria en España es competencia de los Ayuntamientos. A estos les corresponde garantizar la existencia de cementerios y crematorios, la prestación de los servicios funerarios básicos y, entre estos, la atención del funeral benéfico o social de las personas sin recursos.
Cada ayuntamiento contrata en licitación pública la prestación de los servicios funerarios básicos para el funeral de beneficencia de las personas sin recursos. En estos casos, las arcas municipales asumen el coste del servicio fúnebre de mínimos o funeral social.
Si el fallecido además de ser una persona vulnerable esta muere sola, es preceptivo determinar la causa de muerte. Entonces se trata de una muerte judicial que se deriva a la administración de justicia de la autonomía en cuestión a través de los institutos forenses. Estos deben determinar la identidad y causa de muerte, antes del entierro benéfico.
A fecha de 2026 no hay un sólo ayuntamiento que incluya en los pliegos técnicos y administrativos para la concesión del entierro de beneficencia el criterio de sostenibilidad, a pesar que sería más económico. Curiosamente, no se publicitan los datos sobre los costes de los entierros de beneficencia. Cabe pues pensar, aunque no sea malintencionada, en una presunta malversación de fondos públicos.
Todo ayuntamiento podría disponer de un funeral benéfico que fuera barato y ecológico exigiendo a la funeraria suministrar un féretro de cartón, una túnica de fibra biodegradable y enterrado en un cementerio directo a tierra. En síntesis, sin madera, sin ornatos sintéticos y sin hormigón o con cremación directa (incinerando cuando el coste de la energía es más barata).
Que en un cementerio municipal se pueda practicar el enterramiento directo a tierra es potestad del ayuntamiento. Lamentablemente, en España por un interpretación histórica errónea se ha fomentado el nicho y tumba de hormigón contra el método tradicional de entierro en tierra. Pero esto puede revertirse.
La descomposición en tierra es la más higiénica y es la que la naturaleza a través del tanatomicrobioma está preparada para ser rápida y salubre. Además es la de menor huella ecológica. Así que tanto por motivos económicos como ecológicos, los entierros que se pagan con dinero público deberían cumplir con estos dos criterios.
La forma en que una sociedad despide a sus miembros dice mucho de sus valores éticos, por lo que reclamar valores como el respeto por el entorno y la dignidad es esencial. En general, los fallecidos sin recursos, los parias, los no reclamados por nadie, acabarán en un osario común.
Por este mismo motivo, que reposen en un espacio del cementerio con naturaleza demostraría que una sociedad es respetuosa incluso con los más desfavorecidos que no pueden tener un espacio privativo de memoria. Quizás es el momento que en los cementerios, sea para los cadáveres o las cenizas de los menos desfavorecidos, dispongan de espacios con naturaleza donde preservar su memoria como colectivo.
La normativa española de sanidad mortuoria, que varía ligeramente según cada territorio autonómico, establece que un cadáver debe recibir destino final (inhumación o cremación) en un plazo aproximado sin ningún tipo de conservación de 48 horas e incluso 72 horas en conservación transitoria.
Ante la muerte de una persona sin techo y emitido el certificado de defunción por la vía convencional o por la vía judicial, de forma urgente hay que averiguar que no tenía ninguna póliza de seguros, ni otras entradas económicas o bienes legados en herencia y que no tenían referentes familiares directos con derechos hereditarios.
Todos estos datos hay que obtenerlos con la máxima celeridad para aplicar o no el trámite de funeral de beneficencia que asume el ayuntamiento. Por razones de garantías frente a posibles demandas posteriores, los funerales de beneficencia, en general, se realizan con el tratamiento post mortem de la inhumación en cementerio.
Mientras en otros países por razones de economía y dignidad se practican los entierros directos a tierra con su ataúd biodegradable o mortaja, en España se colocan dentro de un nicho de hormigón de elevada huella ecológica. Históricamente los entierros de beneficencia en muchos cementerios se practicaban en parcelas de tierra. Hoy en día pocos cementerios tienen esta disponibilidad.
Los servicios técnicos de cementerios de los ayuntamientos deberían considerar que la inhumación en tierra es la opción más digna para alguien que no ha tenido ni techo, ni recursos, ni allegados. Crear espacios para el enterramiento natural es posible y necesario.
Se nos transmite la idea que un funeral es por naturaleza caro. Se nos educa para que aceptemos que el último servicio que recibamos como ser humano, cuando ya no tenemos espíritu, sino un simple cuerpo cadáver en proceso de descomposición se paga caro. Se aconseja que optar a un funeral digno es mejor pagarlo contratando un seguro de deceso.
Algunos ayuntamientos han establecido criterios de renta para poder aplicarse el coste cero en el funeral. Sin embargo, en referencia a lo que le cuesta el servicio, la transparencia es mínima. No es posible encontrar datos públicos en la red sobre el coste ni el número de entierros de beneficencia que se realizan. A veces las funerarias esgrimen sus cifras según conveniencia, y en general para quejarse que no les salen los números (según su criterio abusivo general).
Ante el tabú de la muerte y lo fúnebre, plantear un funeral benéfico con dinero público que sea digno ecológico y barato es casi un acto subversivo. Como sociedad, la falta de recursos económicos del fallecido o de su familia nos debería hacer corresponsables para organizarle de forma altruista un mínimo ritual de despedida. Los ayuntamientos podrían gestionar voluntariado ciudadano para preparar y oficiar un pequeño ritual de despedida que otorgue la dignidad que todo ser humano merece al transitar o dejar la vida terrenal.
En síntesis, todo cuerpo cadáver habría que despedirlo de la vida de forma ritualizada, gestionado con productos fúnebres de materiales reciclados y/o ecológicos (como el ataúd de cartón o la túnica de algodón, etc.) e inhumado directamente a tierra.
